Obituario de don Javier Echevarría, El Padre.

Cuatro días antes de su partida al cielo, había estado hablando con un amigo acerca de don Javier Echevarría Rodríguez, Obispo Prelado del Opus Dei, quien en la festividad de la virgen de Guadalupe entregaría su alma definitivamente a Dios.

Conocí personalmente al Padre, como familiarmente se le llamaba, el martes 10 de mayo de 2004 durante un encuentro en Roma, previo a una audiencia en la cual podría saludar al ahora San juan Pablo II. En esa reunión, en la sala de su casa en Villa Tévere, acababa de iniciarse el día anterior el proceso de beatificación de Monseñor Álvaro del Portillo, su inmediato antecesor al frente de la Obra. Don Javier, tan afable como era, me dijo “vamos guapo, dame un beso” y siempre habré de recordar al darle el beso fraterno en la mejilla,  lo bien afeitado que estaba; es algo muy simple, pero me ha servido todos estos años para encomendarlo a diario mientras lucho con la afeitadora.

Lo vi de lejos cuatro veces en sus dos hondas y extensas catequesis y  visitas pastorales a Colombia en 2001 y 2015, pero sólo en abril de 2016 pude saludarlo de nuevo, otra vez en Roma, cuando me dijo “en la Universidad de La Sabana tenéis una gran labor apostólica que no podéis descuidar”; sin embargo, más allá de los dos saludos personales, en mi archivo, junto a una carta de Juan Pablo II, tres de Benedicto XVI y seis de Francisco, las de dos cardenales de Bogotá y cartas de cuatro obispos colombianos, están las diez cartas de don Javier, que comienzan en septiembre de 1996 y culminan en septiembre 22 de 2016, llenas de ese amor filial y sobrenatural que era lo suyo, e incluso, en la primera, se refiere al Cacique de Turmequé.

En esas cartas de familia, además de agradecerme siempre mis libros, ocasión de poner a Cristo en la cumbre del quehacer universitario, en el centro de los corazones de las mujeres y de los hombres de hoy,  me habla de nuestro trabajo bien acabado y del servicio a los demás en medio de las dificultades, de los cuales el Señor se sirve para que muchas personas encuentren la auténtica alegría de vivir en cristiano, seguros en la filiación divina y de las muestras de la predilección de Dios por cada uno de nosotros.

El Padre sintió siempre como propios los sufrimientos de cada colombiano, se solidarizó con cada uno, rezó por cada uno y siempre pedía por la paz de Colombia con gran esperanza y un gran sentido de responsabilidad.

La Constitución del Reino Mapuche de Araucanía y Patagonia

Se reeditó doce años después en el blog de los Doce Linajes de Soria, que cuenta con más de siete millones y medio de visitas al año:

http://www.docelinajes.org/2016/12/la-constitucion-del-reino-de-araucania-por-d-hernan-alejandro-olano-garcia/ 

Derecho y Debate # 27 - Perú; precedente jurisdiccional en Colombia

Los dos sistemas del precedente jurisdiccional en Colombia, un estupendo estudio del profesor doctor Hernán Olano en la revista Derecho y Debate http://derechoydebate.com/admin/uploads/585d960062889-hernan-olano-los-dos-sistemas-del-precedente-jurisdiccional.pdf 

El Reino de Épiro

Desde 1998, el Príncipe David de Épiro, designó como su Delegado en Colombia al profesor doctor Hernán Olano.

Enlace: 

https://realecasadiepiro.jimdo.com/delegazioni/ 

El doctor Hernán Olano en el Almanaque de Würzburg

https://youtu.be/PqkT3er05OM 

El famoso Almanaque de Würzburg recopila los nombres de las distintas Casas Resales, Nobles y Tituladas del Mundo y reemplazó al célebre Almanaque de Gotha cuya editorial y archivos fueron destruidos por los soviéticos en 1944.

En la Residencia de los Würzburg en Alemania, sin embargo se conservaban los archivos originales de muchas de esas familias nobles del mundo.

El Almanaque incluye las casas soberanas reinantes y no reinantes, la nobleza más alta y los nobles de muchas naciones. Aunque algunos revisionistas de la historia afirman hoy que los Almanaques originales, como el Almanach de Gotha, eran documentos legales, de hecho no lo eran. Eran simplemente una versión temprana de un "quién es quién" entre la realeza y la nobleza y servido sobre todo como registro social. El hecho de que un nombre o título no aparece en la lista a menudo habla mucho de la naturaleza mezquina de los editores y los partidarios de una publicación privada en una hipótesis vana de que los lectores encontrarán a los excluidos como algo menos creíble. Es una táctica de rutina que continúa hoy en internet, la versión actual del Oeste Salvaje. 

Para obtener más información, consulte: http://www.noblecompany.org/wurzburg/order.html  

Colombia agredida

Colombia, un país agredido y humillado, es el nombre del estudio que efectúa el mayor del Ejército y abogado Hernán Arbeláez, en lo que viene a ser un nuevo libro de este oficial retirado, que ahora se dedica a la historia y al análisis de la seguridad geologística.

En nuestro empeño por el regreso de la enseñanza de la historia de Colombia al pensum escolar y universitario, necesitamos tener el contexto de los conflictos internacionales en los cuales el nombre de nuestra nación se ha visto comprometido. Arbeláez, con prólogo del general honorario Julio Londoño Paredes, nos hace un recuento de diversos episodios bélicos, algunos de los cuales también han sido enfrentamientos jurídicos y económicos, así como de otras angustias y dificultades que hemos debido afrontar para hacer respetar y asegurar nuestra soberanía.

Esta obra, que no sólo debe ser difundida y conocida en centros militares y estratégicos, sino en cualquier institución donde se profundice en el estudio del conflicto colombiano, recuerda la guerra con el Ecuador de 1832, el “Incidente Barrot”, que en 1834 enfrentó a las autoridades cartageneras con el cónsul francés; el “caso Russel” de 1836 entre Gran Bretaña y la Nueva Granada; el “caso Macintosh” de 1856, que enfrentó a nuestro gobierno con ese negociante inglés que había suministrado armas en 1821; el “caso Cerruti” de 1898, quien  aprovechando su cargo como cónsul italiano y ser nieto político de Tomás Cipriano de Mosquera, se dedicó al contrabando por Buenaventura.

En la obra de Arbeláez, también se habla de la “agresión norteamericana” por la separación de Panamá en 1903, por cuenta del general Esteban Huertas, natural de Úmbita, Boyacá, quien era el Comandante del Batallón Colombia en Panamá y apresó a los generales Juan B. Tovar y Ramón G. Anaya para neutralizarlos y, por cuenta de eso, recibió treinta mil dólares con los cuales se fue a vivir en Nueva York. Se incluye como curiosidad, que en la partida de nacimiento de Huertas, que data del 30 de mayo de 1869, el párroco de Úmbita anotó: “Traidor a la patria. Vendió el istmo de Panamá en 1903. Con el producido de su traición vive holgadamente en Nueva York”.

También hay cuenta de las agresiones peruanas con la invasión de “La Pedrera” en 1911 y la guerra de 1832. Igualmente hay un relato acerca de la agresión de la Alemania nazista a Colombia y nuestra declaratoria de “estado de beligerancia” el 27 de noviembre de 1843. Es decir que no fue una declaratoria de guerra, lo cual le quiero aclararle a un Ex Fiscal General de la Nación con quien recientemente tuve una controversia sobre el particular.

El protector indígena de nuestros Derechos Humanos

El verdadero protagonista de la historia española en América fue el indígena, Diego de Torres y Moyachoque, nacido en Tunja en 1549; era de ascendencia española por parte de su padre, el adelantado Don Juan de Torres, pero, por línea materna era hijo de una princesa chibcha: Catalina de Moyachoque, hermana mayor del Cacique de Turmequé y tenía una formación básica propia de su condición. Heredó sin embargo el título de Cacique y, a la muerte de su padre, la Encomienda de Turmequé, así ostentaba las dos jefaturas, hispánica y chibcha del territorio de sus ancestros, hasta el enfrentamiento con su hermanastro español.

En los mismos días, la Corona, teniendo en cuenta los serios inconvenientes reportados por la distancia y las múltiples diferencias culturales, se promovieron algunas leyes que no obstante, buscaban identificarse con los indios y defenderlos, reconociendo en ellos una debilidad de origen, su degradación social y la insistencia de algunos españoles en repetir desafueros, a pesar de ser moralmente condenados, y desobedecer las instancias ordenadas por el Rey y el Consejo de Indias respecto a los indios. Las Leyes de Indias y los Cedularios son las fuentes disponibles más importantes para conocer el alcance de la política española en su esfuerzo por organizar a estas poblaciones en el contexto de la sociedad política americana. La idea consistía en tratar de conciliar mundos sociales y políticos enfrentados, pero al tiempo integrado en el propósito de encontrar un equilibrio definitivo apto para la vida en común de sus gentes.

El Cacique de Turmequé fue el primer cartógrafo colombiano, dibujó el mapa de las provincias de Tunja y Santa Fe; también el primer promotor de los Derechos Humanos, pues le propuso al rey Felipe II, viajando a España para ello, la creación de la figura del Protector General de los Indios, una institución que antecedió desde el siglo XVI la figura del defensor del pueblo.

Diego de Torres y Moyachoque murió en Madrid, reivindicando ante al Corona española los derechos de la raza que representaba.

Bolívar y el medio ambiente

Hace casi dos siglos, el Libertador Simón Bolívar con una visión infinita del futuro contempló la situación del medio ambiente de los países por él libertados, y pensando siempre en la imperiosa necesidad de proteger y conservar los recursos esenciales para la vida humana, consagró en forma positiva las medidas tendientes a la preservación y defensa de los recursos naturales, a fin de crear una conciencia colectiva, para que todos los habitantes de las Repúblicas nacientes se preocuparan por respetar y cuidar la naturaleza, y además aprendieran a quererla.

Luchaba Bolívar desde entonces para que el hombre se reconciliara con la naturaleza, demostrando ampliamente con su acción, cuan inmensa debería ser la responsabilidad de los gobiernos, de los dirigentes y de cada ciudadano, para prevenir y evitar el deterioro del medio natural, que sin duda es la fuente primordial del bien común.

Tuvo por consiguiente, Bolívar, desde un primer momento una conciencia diáfana sobre la importancia de la naturaleza, convirtiéndose en defensor implacable de los recursos naturales que él consideraba vitales para la supervivencia del hombre. Luchó porque éstos se utilizaran en forma racional y óptima, para evitar el deterioro del medio ambiente y la consecuente escasez de elementos esenciales para un desarrollo equilibrado de los seres humanos.

El aprecio que Bolívar tuvo por el agua, elemento por él considerado como una de las bases fundamentales de la vida, lo llevó a expedir normas para que se aprovechase racionalmente el agua existente mediante represas, acequias, acueductos, fuentes y manantiales a través de una meditada política de reforestación. Recordemos simplemente para apoyar esta interpelación, el artículo segundo de su Decreto de 19 de diciembre de 1825, expedido en Chuquisaca, que decía así:

“Que en todos los puntos en que el terreno prometa hacer prosperar una especie de planta mayor cualquiera, se emprenda una plantación reglada (es decir sistemática) a costa del Estado, hasta el número de un millón de árboles, prefiriendo los lugares donde haya más necesidad de ellos”.

Agregando, Que la esterilidad del suelo se opone al aumento de la población y priva entre tanto a la generación presente de muchas comodidades”.

También como lo advertía Bolívar en aquella época “Que por todas partes hay gran exceso en la extracción de maderas, tintes, quinas y demás sustancias, especialmente en los bosques pertenecientes al Estado, causándole graves perjuicios”, nos induce a reflexionar sobre la realidad colombiana, ya que en forma dramática nos estamos quedando sin agua pura, sin flora y sin fauna y con el agravante de que el Estado, pero en especial los particulares, a pesar de la legislación ambiental tan completa y avanzada, siguen transgrediendo el medio ambiente, violando el principio de solidaridad social y haciendo lo posible para no evitar que en un futuro próximo nos veamos abocados a una catástrofe ambiental sin precedentes.

Las normas conservacionistas dictadas por Bolívar estaban impregnadas de un criterio eminentemente prospectivo y ciertamente se adelantaban a su tiempo para señalar caminos a las generaciones futuras.

Hago referencia a ellas, porque fueron regulaciones orientadas a asegurar la perdurabilidad de los recursos naturales para así proporcionar una verdadera calidad de vida, buscando un equilibrio de las necesidades entre los hombres y una armonía entre la naturaleza y el hombre, planteando desde entonces un crecimiento sin destrucción, un desarrollo sin aniquilar el medio, manteniendo un ambiente sano  que permita alcanzar el pleno desarrollo y enriquecimiento de las potencialidades vitales del hombre.

Ciertamente, los decretos dictados por el Libertador en relación con la defensa de los Recursos Naturales, se constituyen en el primer antecedente jurídico ambiental de nuestro medio, que sin lugar a dudas influyó en el desarrollo de la actual legislación ambiental colombiana.

¿Cómo enseñar derecho?

Fuente: http://www.larepublica.co/%C2%BFc%C3%B3mo-ense%C3%B1ar-derecho_449201

La enseñanza del Derecho por competencias, especialmente en procesos de diseño curricular, es una exigencia para que como profesores podamos aplicar en nuestras asignaturas. Y es que las competencias, según Levy-Leboyer, son “repertorios de comportamientos que algunas personas dominan mejor que otras, lo que las hace eficaces en una situación determinada”.

Es decir, se busca basar la docencia en el aprendizaje, no en la enseñanza, por tanto, el concepto de educación por competencias relaciona toda actividad académica con el desarrollo de ciertos perfiles que se consideran necesarios para cada una de las diferentes profesiones o carreras que se estudian en las universidades del mundo. Los programas de estudio y la metodología pedagógica, deben estar dirigidas a la formación del nuevo profesional de acuerdo a las competencias requeridas por su carrera. Mi propuesta, para la enseñanza del Derecho por competencias, se basa en 16 puntos:

 i) Actúa en forma ética y transparente con responsabilidad social, buscando de manera leal y eficiente la justicia y la equidad en sus actuaciones, para defender adecuadamente los intereses de quienes representa.

ii) Actúan con capacidad jurídica, con el apoyo técnico necesario para ejercer el debido proceso, razonado y con argumentos, ante autoridades judiciales o administrativas.

iii) Conoce, interpreta y aplica los principios generales del Derecho y del ordenamiento propio de su país, así como las diferentes normas del sistema jurídico nacional e internacional.

iv) Posee capacidad para dialogar y debatir desde una perspectiva jurídica y con conciencia crítica, comprendiendo las distintas teorías y conceptos, jurídicos y filosóficos del Derecho, con el efecto de articularlos y proponer y tomar una solución jurídica razonada.

v) Posee capacidad para decidir si las circunstancias de hecho son suficientemente claras para poder adoptar en Derecho una decisión bien fundada.

vi) Considera la importancia  del uso de los Medios Alternativos de Solución de Conflictos.

vii) Posee capacidad para redactar textos y expresarse de manera adecuada en forma verbal y escrita con un lenguaje fluido y técnico-jurídico, así como con una adecuada gramática acorde con las actualizaciones idiomáticas recientes.

viii) Es capaz de enfrentar nuevas situaciones y de contribuir a formular soluciones jurídicas.

ix) Posee capacidad para aplicar sus conocimientos de manera eficaz en un área determinada de su profesión.

x) Posee capacidad para analizar una diversidad muy amplia de trabajos complejos en relación con el Derecho y de sintetizar argumentos.

xi) Comprende adecuadamente los fenómenos políticos, sociales, económicos, personales y psicológicos -entre otros-, considerándolos en la interpretación y aplicación del Derecho.

xii) Posee capacidad de ejercer su profesión trabajando en equipo, bien sea con colegas o con expertos de otras carreras, contribuyendo de manera efectiva en la solución de casos.

xiii) Posee capacidad para ejercer la investigación científica en su actividad profesional.

xiv) Posee capacidad para utilizar la tecnología, así como los avances de ésta, en la búsqueda de la información relevante para ejercer su carrera, así como para actualizarse profesionalmente.

xv) Conocer al menos una lengua extranjera distinta a la materna, que le permita actuar eficientemente en el ámbito jurídico.

xvi) Está comprometido con los Derechos Humanos y con el Estado Social y Democrático de Derecho. 

Videos sobre el Re Acuerdo de Paz del Teatro Colón

El doctor Hernán Olano grabó siete (7) videos nuevos sobre el Re-Acuerdo de Paz, disponibles en Youtube.

a. Reforma Rural Integral: https://www.youtube.com/watch?v=E82ZFQ6jTOw

b. Participación Política: https://www.youtube.com/watch?v=sAkPqIFONiU

c. Drogas ilícitas: 

https://www.youtube.com/watch?v=4cm0t5qHbEI

d. Implementación - ideología de género: https://www.youtube.com/watch?v=4a7gQ4K5t7c

e. Implementación - verificación: https://www.youtube.com/watch?v=21EvVNjaXJg 

f. Justicia de Paz y víctimas: https://www.youtube.com/watch?v=wMbbWnRCy6k

Lucha y defensa, violencia en Santander

Éste 30 de noviembre de 2016, el doctor Antonio Cacua Prada recibe en la Academia Colombiana de Historia el reconocimiento como Miembro Benemérito de esa Institución, el máximo honor que puede recibir un cultor de la historia, título que entre otros  pocos, sólo se le ha concedido a Ramón C. Correa, Germán Arciniegas y Alberto Lleras.

Paralelo a este acontecimiento y próximo a cumplir en febrero 11 sus  primeros 85 años de vida, Cacua Prada publica su obra “¿Por quiénes doblaron las campanas?, que conmemora también los 85 años de la iniciación de la violencia partidista en Colombia en el siglo XX cuando el lunes 29 de diciembre de 1930 debido al cambio de partido en el Gobierno, cesó el oasis de paz e irrumpió la cimitarra mortecina en las vegas del río Chicamocha, más exactamente en el municipio de San Bartolomé de Capitanejo, Provincia de García Rovira en Santander, cuando los campesinos conservadores hacían fila para inscribir su cédula en frente de la registraduría municipal.

Ese episodio memoria histórica, desconocida en gran parte, no obstante ser fundamental su estudio para podernos preparar luego del acuerdo, al posacuerdo y ojalá cerca, al posconflicto. El título del libro recuerda ese sobrecogedor sonido pueblerino, que anunciaba el trágico fin de algunas personas que por defender sus convicciones políticas partidistas, únicamente tenían como homenaje el tañer de las campanas y su inclusión en el calendario fúnebre de cada pueblo.

Los incendios en las veredas, la ruina de los pueblos,  el asesinato de presbíteros y otra serie de episodios, son traídos con detalle por Antonio Cacua Prada, quien para el texto se basa en una serie de publicaciones que como legado le entregó su progenitor en 1979: El folleto “Crónicas de Guaca”, así como los periódicos “El Escolar”, “Fe y Razón” y “Lucha y defensa”, éste último, un semanario político y de variedades dirigido por Tiburcio Jeréz, quien resaltaba en la primera página de la edición # 1 del 13 de diciembre de 1930 la siguiente frase combativa: “No es la persecución ni el atropello lo que hace grande a un pueblo ni estable a un gobierno”, combinando frases sobre la indomable bizarría de los soldados santandereanos, severos en la disciplina y defensores denodados de sus convicciones, con una reseña sobre los últimos días del Libertador Bolívar, seguido de una sección de <Miscelánea>  en la cual, entre otras se promociona una gira política de <Los Leopardos>, así como las casas en las cuales hubo robos durante las fiestas patronales.

Aún está por reconstruirse la historia del conflicto colombiano a partir de la prensa regional colombiana, para que como aparece plasmado en “Lucha y defensa”, el porvenir sea de la juventud.

LA FAMILIA MILITAR

Ha llegado a mis manos un libro sobre el valor de la familia en la vida militar, escrito por el Oficial del Ejército Nacional Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, quien a sus cincuenta años próximamente ascenderá a General de la República.

La familia está en el corazón de Dios y en el del Estado, al ser proclamada como célula fundamental de la sociedad; fuente de vida, amor y seguridad para la persona; comunidad creyente y eje de la misión evangelizadora de la Iglesia, como lo señala en su prólogo el obispo castrense, Monseñor Fabio Suescún Mutis.

Rodríguez Sánchez ha desempeñado una vocación de servicio a la sociedad, mostrando en este libro una inquietud académica y vivencial sobre el tema de la familia en el medio militar. No en vano, para el militar, el hogar es el tesoro más preciado y sublime, el templo en el cual engrandece su espíritu y los vínculos afectivos con su pareja e hijos, pues de nada sirve a un militar ser exitoso si no tiene con quien disfrutar sus alegrías y compartir su tristeza.

En un primer capítulo se refiere a la familia como núcleo formador de los valores, enmarcados dentro de la universalidad, la benevolencia, la armonía, el bienestar y el afecto. Luego nos indica que la fidelidad no es negociable, porque hace parte de ella la entrega y el compromiso. Posteriormente, se refiere a la desintegración familiar por el amor posesivo y a la posibilidad de superar los momentos difíciles y a la conservación de un amor vivo, seguido de una serie de secretos para que su pareja sea eterna, siempre y cuando en la relación haya respeto y diferencias, que enriquecen a la persona con lo que la otra le ofrece, es decir complementariedad. El séptimo capítulo está dedicado a la relación de los padres con los hijos y de los hijos con los padres, sin dejar de lado a la madre como soporte del hogar y al padre como motor de la familia. Así, en diez capítulos encontramos una serie de herramientas para el fortalecimiento e indisolubilidad de los hogares militares.

Finalmente, se agrega en esta nueva edición, un reconocimiento al General Rodríguez de la Confederación de pueblos indígenas para la Comunidad Andina de Naciones – CONPICAN y del Presidente de las ONG Indoamericanas, el internacionalista Gerney Ríos, quien allí igualmente resalta el respeto a la causa indígena del Oficial, así como de otros miembros del Ejército colombiano como Alberto Mejía, Adelmo Fajardo, Carlos Moreno y Juan Carlos Galán.

Las 445 propuestas

El lunes anterior,  Carlos Alfonso Velásquez, con quien nos turnamos éste espacio, proponía unos interrogantes para los uribistas del “No”, expresando que quienes votamos en favor de la paz y en contra de la redacción de algunos puntos de los acuerdos antepondríamos “el bien común a intereses por la próxima elección”, lo cual formulaba a título de pregunta, junto con un cuestionamiento acerca de la justificación de cambios de fondo en el mandato popular por haber obtenido un triunfo con menos del uno por ciento.

Sin tener cercanía con los grupos recibidos en Palacio, algunos radicamos  propuestas, que sumaron 445,  diez mil menos que cuando comenzaron los diálogos con las FARC hace cuatro años; en la mía, para propiciar el fortalecimiento y transformación institucional, le propuse a Santos que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente, con presencia de las FARC-EP con voz y voto con un número determinado de curules, por ejemplo ocho (8); el número de dos (2) para la UC-ELN, en proporción al número actual de integrantes de ese grupo frente al primero; cinco (5) curules para representantes de las víctimas; veinticinco (25) para voceros del SÍ; veintiséis (26) para voceros del NO y cuatro (4) curules para representantes internacionales con voz pero sin voto. Se tramite una ley de punto final que incluya a los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, así como a los sujetos (particulares, Bacrim, etc., sometidos a la Jurisdicción Especial de Paz), sumado a la entrega de bienes para el resarcimiento de las víctimas, así como actos particulares de perdón.

Pedí la no revictimización a través de programas de reinserción civil, política y económica para las víctimas, viudas, huérfanos y padres de miembros de las Fuerzas Militares y Policía Nacional y particulares reconocidos como víctimas. Así mismo, límites concertados a la reelección del Congreso, con la mitad del Senado de la República de origen regional; una circunscripción de “desmovilizados” (FARC-EP y UC-ELN) y víctimas, sumado a los ajustes a la reforma rural integral, para cumplir con el programa “huerta casera” allí incluido, con cero aranceles a maquinarias e insumos para el campo.

Y, la implementación de mecanismos de prevención de cualquier forma de corrupción para la aplicación transparente de los recursos a partir de siete medidas que están en los Acuerdos de Cartagena y no se han reglamentado: Acompañamiento especial de los órganos de control; Fortalecimiento de mecanismos de control interno; creación de mapas interactivos de seguimiento; mecanismos de rendición de cuentas y para la denuncia ciudadana, veedurías ciudadanas y mecanismos de transparencia, entre otras.

Tal vez no todo sea procedente, pero difiero en el sentido que algunas ideas pueden ser pertinentes.

Premio a la Paz Juan Manuel Santos

Inspirado en la iniciativa y deseo de fomentar el amor por las humanidades, la promoción investigativa y el apoyo institucional al desarrollo de todas las capacidades académicas y el estímulo a la conservación de la PAZ estable y duradera.

La Cámara de Comercio de Honda, la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima y Coreducación, convocan el Premio a la Paz Juan Manuel Santos,

Con las siguientes bases:

·        Exaltar los valores patrios, cívicos, culturales, sociales y éticos de nuestra civilización.

·        Fomentar entre nuestros congéneres el liderazgo y la capacidad de conducción de grupos educativos. 

·        Promover propuestas de unidad, progreso y desarrollo solidario.

·        Concientizar la juventud sobre la necesidad de la educación a la PAZ como medio para la integración de los pueblos. 

·        Promoción académica e intelectual de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

·        Difundir los principios para la preservación de la biodiversidad y conservación de los recursos naturales.

 Remita su propuesta con soporte de acciones realizadas en los últimos lustros, justificatorio de su candidatura al correo electrónico:

desarrolloempresarial@camarahonda.org.co

Carta abierta al Premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos Calderón

Bogotá, D.C., octubre 20 de 2016.

Excelentísimo Señor

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

Presidente de la República – Premio Nobel de Paz

Casa de Nariño

Carrera 8 No.7-26

Bogotá, D.C.

REFERENCIA: Propuestas de ajuste al Acuerdo Final de Cartagena.

Respetado Señor Presidente:

Tengo el inmenso placer de remitirle mis propuestas e inquietudes para el ajuste del Acuerdo Final de Cartagena, previo a la concertación y negociación que se haga al futuro Acuerdo Final de Quito:

a.      Para lograr un verdadero ajuste institucional, propongo se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente, con presencia de las FARC-EP con voz y voto con un número determinado de curules, por ejemplo ocho (8); el número de dos (2) para la UC-ELN, en proporción al número actual de integrantes de ese grupo frente al primero; cinco (5) curules para representantes de las víctimas; veinticinco (25) para voceros del SÍ; veintiséis (26) para voceros del NO y cuatro (4) curules para representantes internacionales con voz pero sin voto.

b.      Una ley de punto final que incluya a los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, así como a los sujetos (particulares, Bacrim, etc., que se sometan a la Jurisdicción especial de Paz), sumado a la entrega de bienes para el resarcimiento de las víctimas, así como actos de perdón.

c.       La no revictimización a través de programas de reinserción civil, política y económica para las víctimas, viudad, huérfanos y padres de miembros de las Fuerzas Militares y Policía Nacional y particulares reconocidos como víctimas.

d.      Límites concertados a la reelección del Congreso, con la mitad del Senado de la República de origen regional; una circunscripción de “desmovilizados” (FARC-EP y UC-ELN) y víctimas.

e.      Ajustes a la reforma rural integral para efectivamente cumplir con el programa “huerta casera” con estímulos, cero aranceles a maquinarias e insumos para el campo.

f.        Se implementen claramente los mecanismos de prevención de cualquier forma de corrupción para la aplicación transparente de los recursos a partir de siete medidas que están en los Acuerdos de Cartagena y no se han reglamentado:

·        Acompañamiento especial de los órganos de control.

·        Fortalecimiento de mecanismos de control interno.

·        Implementación de las TIC.

·        La creación de mapas interactivos de seguimiento.

·        Mecanismos de rendición de cuentas.

·        Mecanismos especiales para la denuncia ciudadana.

·        Veedurías ciudadanas y mecanismos de transparencia.

Es bien sabido que el pasado domingo 2 de octubre, los colombianos decidieron no aprobar los acuerdos de paz que el Gobierno y Farc habían pactado durante 4 años. Que el ‘no’ haya ganado, no solo tiene un impacto económico y político como se cree, pues el impacto social recaerá directo en quienes se conocen como ‘reinsertados’.

Para mí, la principal repercusión que trae el ‘no’ es que no se haya podido iniciar el proceso de inclusión a la vida de los excombatientes y de sus familias, tal y como estaba previsto el punto 4 de los acuerdos.

Además, aseguré a medios de comunicación que el punto 3, en relación con la restitución de tierras que fue aprobado hace 3 años, no ha empezado a funcionar. “Esa era una necesidad desde el primer momento de los diálogos por parte del gobierno y la guerrilla y ahora con el no queda en el limbo”, dije a CM&, según se puede ver en: http://www.cmi.com.co/proceso-de-paz-con-las-farc/las-principales-victimas-del-no-son-los-combatientes-que-no-seran-reintegrados-a-la-vida-civil-expertos/404182/ .

Considero además, que ha de tenerse en cuenta la jurisprudencia del Sistema Interamericano, particularmente la Sentencia Gelman Vs. Uruguay, en la cual, la Corte Interamericana ordenó como reparación, que para cumplir con las obligaciones derivadas del fallo (lo cual aplica en Colombia), debía:

i)disponer que ninguna otra norma análoga a la Ley de Caducidad, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad, sea aplicada y que las autoridades se abstengan de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso investigativo; ii) conducir la mencionada investigación eficazmente, en un plazo razonable, con la indispensable celeridad de la causa incoada o la instrucción de una nueva, asegurando que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes ex officio; iii) asegurar el pleno acceso y capacidad de actuar de los familiares de las víctimas en todas las etapas de la investigación y el juzgamiento de los responsables, y iv) publicar los resultados de los procesos correspondientes. 

Esa sentencia referida, fue dictada respecto de un caso de graves violaciones de derechos humanos cometidas por estructuras o aparatos organizados de poder que actuaban bajo esquemas del llamado “terrorismo de Estado”, en que éste funcionaba como instrumento para perpetrar tales actos y como garantía de impunidad, pero, es relevante que esos hechos no se dieron en el marco de un conflicto armado no internacional, por lo cual, las acciones de reparación se aplicarían por el Tribunal para la Paz, pues dichas acciones constituyen, por la naturaleza de los derechos lesionados, una violación de una norma jus cogens.

Las obligaciones convencionales de los Estados Parte vinculan a todos los poderes y órganos del Estado, es decir, que todos los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, u otras ramas del poder público) y otras autoridades públicas o estatales, de cualquier nivel, incluyendo a los más altos tribunales de justicia, como este nuevo y exótico Tribunal para la Paz, tienen el deber de cumplir de buena fe con el derecho y con las convenciones suscritas sobre Derechos Humanos y DIH por el Estado.

Del Señor Presidente, con toda atención y comedimiento,
Hernán alejandro Olano García

Réquiem de un acto político

Dos semanas de alegrías, tristezas e incertibumbre, alumbrados por el inicio de los diálogos con el ELN, un Premio Nobel, marchas de estudiantes, flores blancas, sudarios con el nombre de las victimas, negociación, renegociación, propuestas, silencios, acuerdo. Colombia es un país de grandes contrastes donde todas las estaciones del año transcurren en un día y todas las noticias de una década transcurren en una semana, a esto se suma una pregunta que hace muchos años se hizo el nuevo Nobel de Literatura Bob Dylan: ¿Cuántas muertes mas habrán de tomarse para que se sepa que ya son demasiadas?, ¿cuantos años pueden los hombres vivir sin conocer la libertad?

La sentencia C-379 de 2016 marcó la <indirizzo> y las implicaciones de la decisión tomada por el pueblo el pasado dos de octubre, que tomo la radiografía de la polarización en contra del sentido de algunos puntos del Acuerdo Final de Cartagena, para distinguirlo de lo que será el Acuerdo Final de Quito. Lo que queda claro y es importante, es que uno y otro no pueden existir sin un Acuerdo Nacional que reúna a las fuerzas sociales y políticas y guíe la <voluntas populorum>, la voluntad del pueblo en camino a una paz estable y duradera.

No puede Colombia ser modelo de chapuzas normativas del Ejecutivo, ni de orangutanes legislativos del Legislativo, ni de esperpentos jurídicos de los jueces; esas tres características de una republica hipotetica, tampoco pueden complementarse con cláusulas pétreas o de eternidad que limiten la función creativa de la cual se desprenda una nueva arquitectura del Estado, pero claro, con límites y sin estar plagados de cláusulas leoninas, que no pueden ser aceptados <erga omnes>, porque el efecto de su fuerza vinculante presenta un desequilibro en el sistema de pesos y contrapesos.

El sano y progresivo activismo debe estar orientado por un juicio de ponderación que oriente la verdadera intención que anima a las partes en un conflicto. Claridad, certeza, especificidad, publicidad, adecuada motivacion, inteligibilidad, transparencia, etc., deben ser lo moralmente licito que oriente las negociaciones. Los diálogos del posconflicto y, que no solo corresponden al derecho natural, sino al derecho positivo, realizable dentro del Estado, para que lo firmado y acordado pueda ser vinculante, basado en parámetros de proporcionalidad

DIÁLOGOS CON LA GUERRILLA DEL E.L.N. Por: Hernán Alejandro Olano García

Luego de casi seis meses del anuncio de la fase privada de diálogos con el ELN, se da a conocer la fase pública, que se enmarca dentro de seis principios: (i) la participación de la sociedad civil, lo cual no ocurrió plenamente desde el comienzo en los diálogos con las FARC-EP; (ii) Democracia para la Paz, con su reinserción civil, política y económica, con los ajustes que se le han hecho al Acuerdo Final y que será propicio renegociar; (iii) Transformaciones para la Paz, dentro de las cuales estará como protagonista la justicia transicional, toda vez que el ELN tiene 4984 casos judicializados por secuestros; (v) Seguridad para la paz y dejación de armas, lo cual significa que el ELN debe reconocer a sus víctimas y debe liberar a sus 30 secuestrados y, (vi)  Garantías para la participación política, que seguramente será similar a la de las FARC, con voceros en el Congreso durante el resto del actual período legislativo y, curules propias durante los dos cuatrienios siguientes.

Lo más importante es negociar con cese al fuego y hacer el tránsito a la política sin armas, efectuándose un diálogo que se ha desarrollado en Ecuador, Brasil, Chile, Cuba, Noruega y Venezuela, desde donde se da a conocer el inicio de la fase formal.

Lo más importante para negociar es realizar un cese del fuego verificable y cierto; evitar los paros armados y el accionar contra la sociedad civil; cesar los ataques contra la infraestructura, en especial la petrolera, liberar a los secuestrados e identificar un mando guerrillero de negociadores unificado, que por el ELN, en nombre de sus 1500 guerrilleros, han sido Nicolás Rodríguez, alias <Gabino>, Antonio García, Pablo Beltrán y la Comandante alias <Paula>, mientras que por el Gobierno Nacional han sido Frank Pearl, José Noé Ríos y Eduardo Herrera Verbel.

Aunque desde hace tiempo el ELN ha negado tener secuestrados, debe expresar claramente cuántos tiene, así como reconocer qué territorios ha minado para que la paz con ellos no sea una paz armada.

Como se recordará, el ELN comenzó con la Brigada José Antonio Galán, integrada por personas de la Federación Universitaria Nacional – FUN y de la Unión Camilista-UC Fabio Vásquez Castaño, Manuel Vásquez, José Ayala y Heliodoto Ochoa.

Antes de implantarse su proyecto revolucionario, éste comenzó en Miraflores, Boyacá y siguió a San Vicente de Chucurí, Santander, pasó luego al viejo Caldas y San Pablo en el Sur de Bolívar, los llanos orientales y el Tolima.

Luego, con la huelga petrolífera de 1963 se da la unión obrero campesina, cuyos principios eran los de superar la lucha entre los liberales y conservadores, (pues según ellos, los campesinos eran los mismos pobres) y, operar en forma clandestina su actividad revolucionaria “antiimperialista”.

En la vereda “La Fortuna” de Guepsa, límites de Boyacá y Santander partió lo que ellos denominan su primera marcha “Cerro de los Andes”, que apoyaba al Movimiento Revolucionario Liberal – MRL liderado por Alfonso López Michelsen. Según alias <Gabino>, López traicionó los principios del MRL, no obstante que López Puramejo, padre del anterior ya en los años 30 del siglo XX había hecho parte del movimiento <Bolchevique>, que tuvo también gran eco junto con la huelga de las bananeras de 1928, y otras manifestaciones que alentaron la actividad revolucionaria, tanto en Barrancabermeja como en San Vicente de Chucurí.

Sin embargo, llegados a Santa Helena del Opón, estos “muchachos” aparecerían como fundadores “modernos” del ELN: Salvador Afanador <Silverio>; Salvador Leal <Saúl>; Domingo Leal <Delio>; Jorge González <José>; Pablo Emilio González <Guillermo>; Paula González <La mona Mariela> (primera mujer del ELN); Luis José Solano <Leonardo>; Salomón Amado Rojas <Segundo>; Pedro Rodríguez <Policarpo>; Ciro Silva <Conrado>; Pedro Gordillo <Parmeniop>; Hernán Moreno <Pedro David>; Avelino Bautista <Abelardo>;  Nicolás Rodríguez Bautista, alias <Norberto> o <Gabino>; Manuel Muñoz <Miguel> y, Jacinto Bermúdez <Juan>, los dos últimos fueron los primeros presos en isla Gorgona.

La mamá de <Gabino> también fue activista y simpatizante, pues era la encargada de confeccionar uniformes, hamacas y brazaletes y, el padre de <Gabino> les enviaba mercado.

El ELN comenzó a entrenarse con fusiles de palo con el Manual de Táctica Guerrillera, traído de Cuba y el libro del <Ché> Guevara “Guerra de Guerrillas” y, con base en esos textos organizaron su reglamentación.

A finales de 1964 hubo una escalada guerrillera contra los Centros Colombo Americanos de Bogotá y de Bucaramanga y llegó Víctor Medina Morón como segundo al mando de esa organización insurgente.

A comienzos de 1965 partió a Cuba un grupo para entrenarse, pero los cubanos se aburrieron de ellos por su indisciplina, e incluso uno de los del ELN se asiló en la Embajada Norteamericana.

Lo que ellos denominan su primera “Gran Acción” fue el 7 de enero de 1965, la toma de Simacota, Santander. Allí se hicieron a cinco fusiles de 7mm, algunos revólveres, la escopeta del alcalde, unas mulas, enlatados, medicamentos y 50 mil pesos de la Caja Agraria.

Luegfo expidieron el “Manifiesto de Simacota” que constaba de tres puntos: (i) Unidad de los liberales y los conservadores del pueblo; (ii) Lucha contra el continuismo político; (iii) el camino guerrillero de la lucha popular, etc.

A mediados de 1965 Camilo Torres Restrepo que busca desarrollar un movimiento político de masas, junto con Hermidas Ruiz, el primer médico guerrillero, se unen al ELN.

Más tarde vendrán deserciuones y fusilamientos de acuerdo con el código guerrillero y, en la acción de “El Patio de CDemento”, San Vicente de Chucurí, pierde la vida el sacerdote Camilo Torres, en cuya memoria nace en 1967 el “Frente Camilo Torres”.

En 1969 comienzan los secuestros en el ELN, que ellos denominan “Retenciones con fines económicos”. Luego, a comienzos de los años 70 se incorporan tres sacerdotes españoles, con una visión revolucionaria y extremadamente sanguinaria: Manuel Pérez <El Cura>, Domingo Laín y José Antonio Jiménez Comín.

Se produce en esos años una crisis en el ELN y se desarrolla la Asamblea de Anacoreto en Anorí, Antioquia. Eso lleva a que en 1974 el ELN se divida en tres grupos.

En 1975 se incorporaron células urbanas del magisterio bogotano, surgiendo también contradicciones con la denominada facción de los “históricos” que eran rurales. Luego, en 1978, el ELN llega a tener tan sólo treinta integrantes, pero se aprovechan, entre otros de los alcances del Paro Cívico Nacional del 27 de febrero de 1977 (“El Febrerazo”), lo cual les permite “reencaucharse” en la Comisión Coordinadora Nacional – CCN, el Frente Camilo Torres, el Frente Central y, el Frente José Lozano Sepúlveda.

En 1979 la mayor parte del Grupo se traslada a Córdoba con el comandante Francisco Caraballo del EPL y comparten las experiencias del Comité Ejecutivo Central de esa organización guerrillera que se desmovilizó en 1991 y tuvo dos delegatarios en la Asamblea Nacional Constituyente.

En abril de 1982 volverían a reunirse los tres frentes y, en octubre de 1983 conformarían la denominada Dirección Nacional. Ya existían los frentes Camilo Torres, José Antonio Galán, Domingo Laín, en Boyacá y, Luis Carlos Cárdenas, en el Valle.

Ese año secuestran al doctor Jaime Betancur Cuartas, no sólo por ser hermano del Presidente de la República, sino porque según el ELN era un “representante de la oligarquía”. Entre 1983 y 1986, el ELN creció en un 500% y se amplía a los frentes Manuel Vásquez, en Huila y Cauca; Efraín Pabón, en Santander; Armando Cacua, en la frontera venezolana; José Manuel Martínez Quiroz, en el Cesar; Luis Fernando Giraldo Builes, en Antioquia; Compañero Tomás, Héroes de Anorí y Compañía Anorí, en Antioquia; José Solano Sepúlveda, en el Sur de Bolívar y, los frentes Capitán Parmenio, Martha Elena Barón y Diego Duque.

Posteriormente, el en suroeste de Antioquia el frente Ché Guevara; en el oriente antioqueño el Carlos Alirio Buitrago; en Sucre el Jaime Bateman Cayón y, en el Urabá el Manuel Hernández.

En junio de 1987 se fusionó el ELN con el Movimiento MIR-Patria Libre y se dio origen a la Unión Camilista Ejército de Liberación Nacional UC-ELN, que reafirmaron en un congreso guerrillero en 1989.

Para 1992, al Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar realizó diálogos con el Gobierno Nacional en Tlaxcala, México y desde 1993 se nombró como vocero público a Francisco Galán.

En 1998 se realiozaron las reuniones del Gobierno con el ELN en Maguncia, Alemania y se firmó el Acuerdo “Puerta del Cielo”, así, el gobierno de Andrés Pastrana les otorgó status político. Más adelante, en 2001, Gobierno y ELN firmaron la “Declaración de La Habana” y en 2005 se estableció la mesa de diálogo Gobierno-ELN; en 2007 se firmó la base de un Acuerdo de Paz y, sólo diez años después, estamos a la expectativa del cese bilateral y al firma con el ELN de una paz estable y duradera.